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El Espectador

Las plataformas digitales (Apps), como Uber, Didi, Beat, Cabify, Rappi o iFood, han “jugado un papel fundamental en la pandemia”, pues “facilitaron la distribución de bienes y servicios durante las cuarentenas y constituyeron una fuente alternativa de recursos para miles de trabajadores que quedaron sin empleo”. Así lo analizan los investigadores de Fedesarrollo, que acaba de publicar la investigación “Plataformas digitales y contribuciones a seguridad social. El caso de Colombia antes y durante la pandemia”.

El estudio, financiado por la asociación de plataformas colombianas, AlianzaIN, calculó que las plataformas digitales participan en el 0,23 % del PIB (cálculo basado en las remuneraciones a los trabajadores y el aumento en ventas de las empresas aliadas) —es decir, cerca de $2 billones—, pero que, además, generan otras “externalidades positivas” sobre usuarios, aliados (por ejemplo, los restaurantes) y las personas que trabajan por medio de esas plataformas (conductores y domiciliarios).

Por ejemplo, señala que las empresas tienen el incentivo de registrarse en la Cámara de Comercio (en caso de que no lo estén) para poder acceder a los servicios de las plataformas. Esto a su vez repercute en la formalización y el pago de impuestos. Además, indica que hay estándares de higiene, sistematización de procesos, entre otros, que pueden adoptarse al empezar a trabajar con plataformas.

El documento reconoce que los niveles de formalización son inferiores a los del sector asalariado, pero que “son superiores a los del resto del sector independiente, lo que sugiere la existencia de problemas regulatorios que afectan por igual a todos los trabajadores independientes”.

El estudio, que hizo una caracterización de los trabajadores por medio de plataformas, tenía como objetivo, además de dimensionar y entender el mercado, hacer precisamente una propuesta para la cobertura de seguridad social de esta población, que sea distinta y que corrija los problemas que pueden representar los cerca de siete proyectos de ley que cursan actualmente en el Congreso para abordar la materia.

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Y aquí hay que señalar un punto importante: “La propuesta parte de la base de que los colaboradores no tienen relación de dependencia laboral con las plataformas y que son trabajadores independientes por cuenta propia”, señalan los investigadores.

La investigación hizo 9.300 encuestas a trabajadores que usan las plataformas (así como a 263 negocios aliados y 23.724 clientes o usuarios, con dos cortes: uno antes y otro después de iniciada la pandemia). Encontró que, en general, la participación femenina es muy baja: 9 % en aplicaciones de domicilios y 5 % en aplicaciones de movilidad o transporte. Según la investigadora Cristina Fernández, esto puede tener que ver con las condiciones de seguridad para desempeñar estas labores, así como las mayores cargas de trabajos de cuidado que las mujeres pueden tener en sus hogares (y que les dificulta salir a trabajar con esas plataformas).

En cuanto a satisfacción laboral, el 69 % de los trabajadores con domicilio dijo tenerla, frente a 84 % en el caso de los trabajadores en movilidad. El 40 % en el primer grupo aporta a pensiones, en tanto que el 52 % en el segundo grupo lo hace. Y, respectivamente, el ingreso promedio es de $867.000 mensuales por 35 horas de trabajo semanal, frente a $1,28 millones al mes por 44,6 horas de trabajo a la semana.

Propuesta de seguridad social

El documento plantea una solución transitoria al asunto de seguridad social para las personas que trabajan con plataformas digitales (hoy en el limbo legislativo).

“Transitoria”, pues los investigadores tienen en cuenta propuestas “óptimas”, como la hecha por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía sobre una “pensión mínima universal y unas cotizaciones a seguridad social que empiezan con una tarifa equivalente al valor de la ARL para aquellos que ganan un salario mínimo y aumenta progresivamente, a partir de este punto”. Asimismo, mencionan el esquema en el cual los trabajadores independientes que devenguen ingresos de menos de 2,5 salarios mínimos no estén obligados a cotizar y se rijan por el piso de protección social. “Esta propuesta, sin embargo, crea problemas fiscales que el gobierno debería mitigar y reduciría las cotizaciones al SGSS (salud, pensión y seguridad social), aun que no necesariamente el ahorro para la vejez”, dice el documento.

Por eso, su alternativa consiste en que la cotización al SGSS por encima del salario mínimo de ingresos esté a cargo del trabajador. Señalan, no obstante, una distorsión que existe actualmente para quienes ganan entre uno y 2,3 salarios mínimos (pues en proporción tienen que aportar a seguridad social más que las personas de mayores ingresos). Así, para quienes tienen ingreso en el rango mencionado “se propone que todos los colaboradores, independiente de su nivel de ingreso, coticen 15 % del ingreso bruto. Para efectos de complementar el desbalance fiscal que genera esta reducción, se propone además una contribución transversal por parte de todas las plataformas, cuyos recursos irían a un fondo que tendría el objetivo único de cubrir este faltante”, dice el documento.

Y añade: “Por otra parte, los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo podrían cotizar voluntariamente a BEPS, o al PPS (piso de protección social) que se encuentre vigente”, pues tiene en cuenta el plazo que dio la Corte para regular el asunto.

 

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“Aunque no es la solución óptima, esta propuesta tiene varias ventajas frente a los proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso. Una de ellas es que corrige la regresividad que genera el sistema de seguridad actual para trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos, a la vez que les permite formalizarse. Adicionalmente, al tratarse de una contribución a un fondo, no genera los arbitrajes entre plataformas y colaboradores que se pueden presentar en otras propuestas”, explica el documento.