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lunes, septiembre 14, 2015

Cuatro gerentes en un año quebraron a Consumo

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Cuatro gerentes en un año quebraron a Consumo

  • Martha Nury Beltrán, superintendente (e) de la Economía Solidaria
  • Martha Nury Beltrán, superintendente (e) de la Economía Solidaria
Cortesía
Bogotá_

Cuando la junta directiva de la cooperativa Consumo tomó la decisión de abrir un nuevo supermercado en el barrio Laureles en 2011, nunca se imaginó que la inversión desembocaría en una declaración de iliquidez, impago a proveedores y bancos, una intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria y un proceso que hoy los tiene debatiéndose entre la salvación y la quiebra. La movida, que se agravó con cuatro cambios gerenciales en un año, tuvo un alto precio.

La que hasta hace poco más de una semana había sido una de las empresas más importantes del sector cooperativo, un icono en Antioquia y un caso de éxito por tratarse de un fuerte competidor para las grandes cadenas de retail, es ahora una firma intervenida que Enrique Valencia, exsuperintendente y agente especial para este caso, tiene la misión de salvar o liquidar. 
En diálogo con LR, Valencia, quien también estuvo detrás de la intervención a Febor, explicó que “la Superintendencia optó por la toma de posición general para administrar la cooperativa Consumo, básicamente por dos razones: la primera, los problemas de gobernabilidad; y lo otro, un problema de liquidez”. 
¿Qué fue lo que pasó? En 2011 Consumo inició la construcción de uno de los puntos de venta y lo hizo con recursos propios, sacando el dinero de la caja que era para pagarle a proveedores. El problema fue que posteriormente los ingresos de ese local y otros, se vieron golpeados, quebrando la estrategia. “Por obras que ha realizado el Metro con el tranvía de Ayacucho se afectaron las ventas en Laureles. Además, en el barrio Buenos Aires también las ventas del  supermercado han caído por las mismas obras, en cerca de $230 millones. Y el Fondo de Valorización de Medellín viene realizando una obra en la transversal de los baches, entonces ese punto de venta, que es el más importante, ha tenido afectaciones en ventas de cerca de $1.000 millones mensuales”, dijo Valencia.  
A esto, indicó, se suma el tema de gobernabilidad “en el término de un año tuvo 3 ó 4 gerentes encargados”, dijo. Enrique Valderrama, presidente de Fecolfín, explicó que “al frente de la firma estaba Luis Echeverri, que llevaba unos 27 años ahí, después de él llegó uno que inició la movida y al que sacaron, luego nombraron otro que se fue y hubo otro que tuvo un derrame”. 
Según las cuentas de Valencia, Consumo suma activos por $120.000 millones y sus pasivos son de $28.000 millones, de los cuales $20.000 millones son cuentas por pagar a los proveedores, $6.000 millones son acreencias financieras y $2.000 millones son obligaciones laborales y de fondos sociales. Lo más crítico, explicó, es la primera de estas cuentas que buscará saldar a través de un acuerdo. A esto se sumará la solicitud de un préstamo de unos $12.000 millones a la banca comercial o el sector solidario o con inversionistas privados y la reestructuración del área financiera y comercial.  En esa negociación deberán hablar con 300 firmas entre proveedores y entidades financieras. 
También, indicó, pueden considerar la venta de uno de los 15 supermercados con los que cuentan, recurso que podría darse tras una valoración con una banca de inversión. 
Todos estos procesos deben cumplirse en un término de dos meses que puede ser extensible hasta dos meses más, explicó Jaime Jiménez, superintendente delegado de la delegatura asociativa. El reloj empezó a contar el 5 de septiembre cuando fue la intervención. 
LR estableció que la entidad le puso la lupa al caso a mediados del año pasado, además, que “las actuaciones de la Superintendencia se desprenden de las labores de vigilancia e inspección y seguimiento a planes de recuperación que resultaron insuficientes para superar la crisis de la cooperativa”, especificó Martha Beltrán, superintendente (e) de Economía Solidaria. 
“La administración del momento no evaluó adecuadamente el impacto de la inversión, toda vez que utilizó recursos propios para atender una inversión a largo plazo que pudo haberse apalancado o financiado con recursos externos”, añadió la funcionaria, quien enfatizó en que este es un caso aislado que no debe estigmatizar los manejos del sector.
Dentro del proceso, concluyó Valencia, también se revisará si hubo malas decisiones de la junta de administradores y si hubo corrupción.  
¿Qué sigue en la agenda del proceso?
De acuerdo con Enrique Valderrama, presidente de Fecolfin y también exsuperintendente de la Economía Solidaria, solo hay dos opciones: o se presenta un plan viable de recuperación o se liquida la empresa. “El agente especial asume las funciones que le competen a la administración y el Revisor Fiscal lo nombra la Superintendencia. Con ellos se hace el diagnóstico y los correctivos y un plan de reactivación a 5 años”, añadió Valencia. 
Las opiniones
Martha Nury Beltrán
Superintendente (e) de la Economía S
olidaria
“Hay siete organizaciones del sector solidario que se encuentran bajo vigilancia de la Superintendencia por esta y otras causas”.
Enrique valencia montoya
Agente especial y exsuperintendente 

“Hay que analizar el Consejo de Administración qué facultades le otorgó al gerente y si es el caso denunciar esas decisiones”.

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Mónica Parada Llanes

mparada@larepublica.com.co

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Mónica Parada Llanes
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