Impuestos saludables: ¿qué va a cambiar desde noviembre?
Productos ultraprocesados y con azúcar añadida serán gravados en virtud de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado. Algunos congresistas han intentado aplazar la entrada en vigor de estas medidas. Este es el panorama.
En las próximas discusiones del presupuesto para 2024 en el Congreso, se podría intentar frenar la entrada en vigor de los impuestos saludables. FOTO Colprensa
14 de octubre de 2023
Desde noviembre una veintena de productos ultraprocesados y azucarados serán gravados con el llamado impuesto saludable, con lo que el Gobierno pretende matar dos pájaros de un solo tiro: por un lado aumentar el recaudo tributario y por el otro reducir la presión sobre sistema de salud manteniendo bajo control una serie de enfermedades.
Y es que el próximo mes empezarán a aplicarse los impuestos fijados en la reforma tributaria que se aprobó en diciembre de 2022, entre ellos el de las bebidas ultraprocesadas azucaradas, y otro a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.
La tarifa del impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas está en función del contenido de azúcar en gramos por cada cien mililitros de bebida, así aquellas que tengan entre 6 gramos y 10 gramos de azúcar pagarán $18 pesos por cada 100 mililitros, y aquellas con más de 10 gramos de azúcares añadidos pagarán $35.
Un ejemplo práctico sería que una gaseosa de 1.500 mililitros (litro y medio) con 7,4 gramos de azúcar añadida tendría un aumento de $270 por concepto del nuevo impuesto.
También se les aplicará impuesto saludable a productos que contengan sodio, azúcares o grasas saturadas como embutidos (excepto salchichón, mortadela y butifarra), confitería, chocolates, productos de panadería, pastelería y galletería (excepto pan y obleas), helados, mermeladas, entre otras categorías de alimentos.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que los impuestos saludables representan una opción de política con “triple ganancias” (win-win-win, en inglés) para los gobiernos ya que reducen el consumo de productos no saludables, se generan ingresos fiscales inmediatos adicionales y, a largo plazo, tienen el potencial de reducir los costos de atención médica y aumentar la productividad laboral.
Aunque el mes pasado un grupo de congresistas radicó un proyecto para que esos gravámenes entraran en vigencia en 2026, coincidiendo con el fin del actual Gobierno, esto hasta ahora no prosperó.
La propuesta fue promovida por Andrés Forero y Hernán Cadavid, del Centro Democrático; Carolina Arbeláez, de Cambio Radical; Ingrid Sogamoso, del Partido Conservador; y Hugo Archila, del Partido Liberal, y busca que los impuestos cobren vigencia cuando haya un contexto económico diferente al actual, es decir de menor inflación, pues el indicador anualizado según el Dane es de 10,99%, o sea que está por encima de la meta del 3% definida por el Banco de la República.
En alerta
Carolina Piñeros, directora de la Red PaPaz, comentó que la idea de aplazar para 2026 la entrada en vigor de esos impuestos no tiene apoyo del Ministerio de Hacienda.
“El Presupuesto Nacional está contando con esos recursos, entonces creemos que no es probable, aunque toca estar muy atentos y alertas porque lo que siempre pasa con estas medidas es que los grandes intereses económicos de las industrias acuden a distintos mecanismos para frenarlas”.
Parte del llamado de atención de Piñeros radica en que en los próximos días el Congreso debe aprobar el presupuesto para 2024, por lo que espera que a última hora no se incluya la proposición que busca posponer la aplicación de los impuestos saludables.
La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, señaló que por ahora esos gravámenes se cobrarán el mes que viene, pero no descarta que en las sesiones plenarias algún bloque del Congreso insista en posponerlos.
A su turno el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, también comentó que los impuestos se aplicarán a partir del primero de noviembre.
“Es que así lo dice la ley, y eso no se puede aplazar, sino por ley. ¡Qué curioso que van a empezar a regir dos días después de las elecciones! Eso parece calculado. Van a subir las bebidas azucaradas, no solamente gaseosas, y van a subir los alimentos ultraprocesados, es decir, que tengan un proceso industrial”, dijo.
Pérez sostuvo que esos productos hacen el mayor porcentaje de lo que venden las tiendas en Colombia. “La mayoría de las ventas de las tiendas están en esas dos categorías, así que eso va a tener una afectación porque subirá el precio de los alimentos y va a contribuir al alza de la inflación. Adicionalmente, esto va a tener afectación en las ventas de las tiendas y en el consumo de gente que, lamentablemente, tiene que comprar este tipo de productos y van a tener que pagar más por los mismos”.
Aunque este diario intentó conocer la posición del gremio de los comerciantes, Fenalco, sobre la entrada en vigor de estos impuestos, al cierre de esta edición ni la presidencia nacional a cargo de Jaime Alberto Cabal, ni la directora en Antioquia, María José Bernal, hicieron comentarios.
A su turno, fuentes de la industria de alimentos consultadas por este diario, confirmaron que en efecto las nuevas cargas tributarias a ultraprocesados y azucarados empezarán a aplicarse el mes que viene.
Efectos esperados
La directora de la Red PaPaz resaltó que además de los nuevos impuestos Colombia ya cuenta con las normas de etiquetado, que ya empiezan a hacer que se desincentive el consumo habitual de estos productos.
“La evidencia de esto en otras partes es que la gente, y de manera particular aquellos con recursos económicos más limitados, migran hacia opciones más saludables. Entonces, será mejor que los niños tomen más agua en vez de tomar estas bebidas azucaradas”.
Sobre los efectos de los sellos que se ven en las etiquetas de productos del mercado, Piñeros expresó que se está haciendo una evaluación en este momento.
“El tema es que tenemos dos sellos, uno circular que fue el que aprobó el Gobierno de Iván Duque inicialmente y que es un etiquetado que no cuenta con evidencia de su efectividad. Luego se logró cambiar al etiquetado octagonal y todavía este no está presente en todos los productos. Ese lo terminaremos viendo hacia junio del año entrante en todos los productos”, dijo.
Por ahora la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la Universidad de Carolina del Norte están haciendo la evaluación, están yendo a los supermercados y están evaluando el impacto de las etiquetas.
“Lo que nosotros reconocemos, como de primera mano, es que hay mucha gente que le dice a uno e incluso colegios que nos cuentan las decisiones que están tomando basadas a partir del etiquetado”, explicó.
Por la experiencia de esta entidad sin ánimo de lucro, que aboga por la protección de los derechos de los niños, hay productos que para la gente son engañosos, pues las personas se sorprenden al saber que hay muchos que consumen recurrentemente y no son saludables.
“El ejemplo clásico de eso son los cereales de caja para desayuno, los juguitos para los que las familias hacen un gran esfuerzo para emparcarlos para la escuela en la lonchera y cuando le ven esos sellos, dicen: ¿Pero, cómo así?”, declaró Piñeros en diálogo con EL COLOMBIANO.
Y es que ya hay países con avances positivos en la implementación de estas medidas como Chile y México. Brasil y Perú van bien en los entornos escolares, y Argentina aprobó una buena política, aunque están colgados con la implementación.
Pero, ¿además de los rotulados y los impuestos qué vendría a futuro? “Nos toca sacar los muñecos, las mascotas y toda esa publicidad y mercadeo dirigida a los niños y asegurar unos entornos escolares alimentarios saludables, o sea, entornos y colegios libres de publicidad, libres de comida chatarra, donde se privilegie la comida real, las frutas, las verduras, y las comidas preparadas”, respondió.
En línea con las apreciaciones de Piñeros la diversidad en la alimentación cobra una importancia cuando se revisan las preferencias dietéticas individuales. Las empresas, por ejemplo, vienen adoptando programas de bienestar en el trabajo que incluyen alimentos saludables y actividades relacionadas con la salud para mejorar la calidad de vida de los empleados. Es así como Sodexo realizó el estudio Discovery entre octubre de 2022 y marzo de 2023, para conocer las preferencias frente a los servicios de alimentación que ofrece.
Luisa Restrepo, jefe de Percepción del Consumidor, manifestó que Sodexo entiende la importancia de hacer un seguimiento nutricional de las dietas que consumen, diseñados de acuerdo con la situación particular de cada empresa: de alto valor calórico, si tienen mucho desgaste físico al día; o de moderado aporte de calorías, en caso de realizar una labor más sedentaria.
El estudio se enfocó en puntos como son el perfil del colaborador, beneficios esperados en el lugar de trabajo, y las preferencias de alimentos, con el objetivo de conocer las expectativas de los usuarios.
Para ello, se realizaron 878 encuestas presenciales entre los segmentos de manufactura, banca y servicios, farma y salud. En el perfil de los operarios se pudo ver que el 49% del personal es femenino y el 51% masculino. Además se evidenció que el 61% de los comensales tiene menos de 35 años.
Al indagar sobre la preferencia del consumo de ciertos alimentos, la muestra arrojó que el 70% prefiere la comida casera, el 68% la comida criolla y el 66% las ensaladas con algo de proteínas. Se evidenció además que en las preparaciones saludables y frescas el 83% se inclinó por las ensaladas y el 82% los jugos de fruta.
“La preferencia por las carnes rojas y las comidas rápidas persiste, pero el cambio paulatino se va haciendo gracias a los énfasis de la calidad nutricional”, resaltó Restrepo.
El sobrepeso de la inflación
Para el tributarista Julio César Leal el país tiene actualmente varios inconvenientes para poner a funcionar los impuestos saludables.
El primero es que gravar estos alimentos en este momento es echarle gasolina a la candela de la inflación; pues el dato anualizado está en 10,99%, es decir 3,6 veces por arriba de la meta del Banco de la República que es 3%.
“La inflación es el impuesto que afecta principalmente a las clases más necesitadas. Incrementar los precios de estos alimentos es grave para los estratos 1, 2, 3 donde muchas veces solo alcanza para este tipo de alimentos que en Colombia hacen parte de la canasta familiar. Menos poder adquisitivo, más hambre en esos estratos”, anotó Leal.
En esa línea, algunos empresarios reconocen que los nuevos impuestos implicarán el traslado de costos adicionales para el consumidor final que busca abastecerse de alimentos para el hogar, y que ha tenido que enfrentar una situación inflacionaria persistente, la cual se refleja en los precios de los productos de la canasta familiar.
Adicionalmente, un incremento adicional en la inflación retardaría más la disminución de las tasas de interés que afectan a toda la economía. “Más inflación, más altas las tasas de interés y el resultado es frenar el consumo y retardar la recuperación económica”, comentó Leal.
Un tercer efecto indirecto, que observa Leal, es que retardar el consumo de los hogares y aplicar mayores cargas fiscales genera un impacto fuerte en la inversión —local y del exterior en Colombia— y por lo tanto, un impacto fuerte en el valor de las empresas.
“Las reformas tributarias a razón de una cada dos años vienen haciéndole perder valor a las empresas colombianas, porque a mayores tasas de impuestos, menores utilidades y menor el valor de mercado de las compañías”, concluyó Leal.
